La senadora Susana Zatarain García, del PAN, advirtió que es necesario fortalecer el marco jurídico federal para hacer frente al robo y extracción ilegal de agua, práctica que no sólo afecta el patrimonio público e infraestructura hidráulica del país, sino que compromete el derecho de las personas al acceso, disposición y saneamiento de este recurso vital.

Advirtió que el crecimiento de las tomas clandestinas, la perforación ilegal de pozos y la sustracción del recurso para su comercialización evidencian la necesidad de contar con mecanismos legales que permitan prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas.

Destacó que el “huachicol de agua” representa un problema de alcance nacional, ya que entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales, un delito que se concentró principalmente en Aguascalientes, Estado de México y Nayarit.

Por lo anterior, Susana Zatarain presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal, a fin de imponer una pena de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 Unidades de Medida y Actualización, a quien, sin contar con concesión, asignación, permiso, autorización o título legalmente exigible:

Extraiga, sustraiga o aproveche ilícitamente aguas nacionales, superficiales o del subsuelo, así como la que provenga de redes, tuberías, tomas, pozos, depósitos o cualquier infraestructura hidráulica pública o privada.

Propuso que esta sanción también se aplique a quien perfore, habilite, altere o manipule pozos, tomas, instalaciones hidráulicas o dispositivos de medición, con el propósito de extraer o sustraer ilícitamente este recurso, así como a quien lo almacene, transporte, suministre o comercialice cuando sea obtenido de manera ilegal.

También planteó que dichas penas aumenten hasta en una mitad cuando la conducta se realice de manera organizada, afecte el suministro de una población o cause un daño significativo a un acuífero, río, lago, humedal u otro ecosistema relacionado.

La legisladora propuso, además, que quien dolosamente traslade, distribuya, almacene o comercialice aguas con fines de lucro, a sabiendas de que fueron extraídas u obtenidas de manera ilegal, se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad sea menor a 50 mil litros, se impondrá una pena de prisión de tres a cinco años y multa de 200 a 500 UMAs; mientras que al momento de que la cantidad sea igual o superior a 50 mil litros, la pena equivaldrá de seis a 10 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMAs.

Con esta iniciativa, enviada a las Comisiones Unidas de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica y a la de Estudios Legislativos Primera, la senadora Zatarain García busca cerrar vacíos jurídicos y garantizar que este recurso sea protegido como un bien de interés público y no como una fuente de lucro mediante actividades ilícitas.

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