Una mujer que denuncia violencia puede enfrentarse a cuestionamientos sobre su comportamiento, su entorno o las razones por las que no abandonó una situación de agresión. Otra, acusada de un delito, puede ser juzgada sin que las autoridades investiguen si actuó bajo amenazas, coerción o dependencia económica. Aunque sus situaciones jurídicas son distintas, ambas pueden encontrarse con un mismo obstáculo: un sistema de justicia que todavía necesita fortalecer su preparación para identificar y atender la violencia de género.
Esta problemática se refleja en las cárceles mexicanas, de acuerdo con el corte oficial más reciente de Prevención y Reinserción Social, correspondiente a agosto de 2026, alrededor de 6,923 mujeres permanecen en reclusión preventiva. Además, una de cada cinco lleva al menos dos años sin conocer una resolución sobre su situación jurídica. La diferencia frente a los hombres no es menor: hasta abril de 2025, el 49.4% de las mujeres encarceladas estaba sin sentencia, contra el 38% de los hombres. El sistema penal no solo encarcela antes de juzgar; lo hace con mayor frecuencia cuando la persona procesada es mujer.
La dimensión del problema exige mirar más allá de las estadísticas: obliga a preguntarse si quienes investigan, juzgan y defienden están suficientemente capacitados para reconocer las condiciones de violencia, desigualdad y vulnerabilidad que pueden estar presentes en cada caso.
El tema cobra mayor fuerza luego de que organizaciones feministas presentaran una guía para frenar la violencia contra las mujeres en el sistema penal, construida con los testimonios de seis denunciantes y seis imputadas de la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. El documento registra patrones que se repiten en ambos lados del proceso: revictimización, falta de perspectiva de género y descrédito de la palabra de las mujeres, tanto cuando denuncian como cuando son acusadas.
Para Lesly Fernanda Valencia González, especialista en género penalista y socia fundadora de Valencia y Asociados, Abogados Penalistas, estos testimonios evidencian que la violencia de género no desaparece cuando una mujer entra en contacto con las instituciones encargadas de impartir justicia. Por el contrario, la falta de formación especializada puede provocar que prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias se reproduzcan durante las distintas etapas de un procedimiento.
“La perspectiva de género no puede depender del criterio personal o de la sensibilidad de quien recibe una denuncia, integra una investigación o dicta una resolución. Es una obligación que debe formar parte de la actuación de todas las autoridades. Cuando una persona juzgadora desconoce cómo identificar un contexto de violencia, o cuando una fiscalía interpreta la conducta de una mujer a partir de estereotipos, puede tomar decisiones que afectan directamente sus derechos. El problema no es enfrentar a hombres y mujeres, sino reconocer que tenemos instituciones que todavía necesitan herramientas y capacitación para garantizar que la justicia se aplique sin prejuicios y con apego a los derechos humanos”, explica la especialista.
Justicia que necesita aprender a reconocer la violencia
La perspectiva de género no significa otorgar un trato privilegiado ni asumir que una persona es inocente o responsable por su condición de mujer. Implica que las autoridades cuenten con los conocimientos necesarios para identificar las relaciones de poder, los antecedentes de violencia y las circunstancias sociales y económicas que pueden influir en los hechos investigados.
El desafío para fiscalías, defensorías y órganos jurisdiccionales es desarrollar capacidades para investigar esos contextos, valorar las pruebas sin estereotipos y garantizar que las decisiones judiciales respondan a las circunstancias particulares de cada expediente.
Primero la cárcel, después el juicio
A esta problemática se suma el uso de la prisión preventiva, una medida cautelar que puede afectar la libertad de una persona antes de que exista una sentencia condenatoria. El artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, mientras que la prisión preventiva justificada requiere que el Ministerio Público acredite ante el juez las condiciones que hacen necesaria esa medida.
La distinción es fundamental: la privación de la libertad durante un proceso penal no debe convertirse en una respuesta automática frente a las dificultades de investigación o en un sustituto de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado la compatibilidad de la aplicación automática de la prisión preventiva con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro, ambos contra México.
El artículo 20 constitucional establece que la prisión preventiva no puede exceder dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. Una de cada cinco mujeres permanece al menos ese periodo sin sentencia, lo que hace indispensable revisar las causas de las demoras y verificar que la continuidad de la medida esté debidamente justificada.
Capacitación y perspectiva de género: una responsabilidad institucional
Para transformar esta realidad no basta con incorporar protocolos o modificar el lenguaje de las resoluciones. Se necesita que las personas encargadas de procurar e impartir justicia cuenten con formación continua y especializada para aplicar la perspectiva de género en situaciones concretas. Esto implica capacitar a policías, ministerios públicos, personal pericial, defensorías públicas y personas juzgadoras, así como establecer mecanismos para evaluar cómo se aplican esos conocimientos en la atención e investigación de los casos.
Asimismo, es necesario contar con mecanismos de seguimiento que permitan identificar prácticas de revictimización, prejuicios y posibles actos de discriminación dentro de las instituciones.
“No podemos esperar que la perspectiva de género se aplique de forma correcta si las autoridades no reciben la preparación necesaria para reconocerla en la práctica. No se trata de responsabilizar a los hombres o a las mujeres por las fallas del sistema, sino de exigir que las instituciones cumplan con su obligación de garantizar una justicia profesional, imparcial y libre de estereotipos. Una investigación mal integrada, una denuncia desacreditada o una resolución basada en prejuicios pueden tener consecuencias irreversibles en la vida de una persona. La capacitación no debe entenderse como un complemento de la función judicial, sino como una condición indispensable para proteger los derechos humanos y evitar que la violencia se reproduzca desde las propias instituciones”, concluye Lesly Valencia.